Trujillo — Mapa de la Memoria, 1986–1994

La larga cadena de crímenes tuvo su momento más crítico entre marzo y abril de 1990, cuando los hombres de "Don Diego" desaparecieron a varias personas en el corregimiento La Sonora. En la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1990, una "caravana de la muerte" conformada por uniformados y civiles cortó el fluido eléctrico e irrumpió en los hogares, sacando forzosamente a al menos diez personas, entre ellas la enfermera e indígena Ester Cayapú Tróchez, líder comunitaria. El 29 de marzo había ocurrido la emboscada del ELN al Ejército en la vereda Playa Alta, que detonó la represalia. Este corregimiento, con apenas 650 habitantes, concentró 32 víctimas —la mayor proporción de toda la masacre. Rutas del Conflicto

Propiedad del narcotraficante Diego Montoya "Don Diego", ubicada en la vía entre los corregimientos de Andinápolis (Trujillo) y Salónica (Riofrío). Fue el primer centro clandestino de tortura y exterminio. Las víctimas eran llevadas con ojos vendados a un sitio llamado "La Peladora". Las torturas incluían agua a presión, soplete de gasolina, navajas, tenazas, martillos, sal en heridas abiertas, y finalmente la motosierra para descuartizar vivos a los detenidos. Los cuerpos se metían en costales y se arrojaban al río Cauca. Aquí fueron llevados los pobladores de La Sonora y los ebanistas de Trujillo.

En la mañana del 2 de abril, el grupo armado llegó al casco urbano de Trujillo. Irrumpió en un taller de ebanistería ubicado en la esquina de la plaza principal —parte de las cooperativas impulsadas por el padre Tiberio Fernández desde su parroquia— y se llevó por la fuerza a Herbey Vargas Londoño, José Erley Vargas Londoño y José Alirio Granada. En un taller cercano también retuvieron a José Agustín Lozano y Orlando Vargas Londoño. Fueron conducidos a instalaciones de la Sijin en Cali, luego a la Hacienda Las Violetas, donde fueron torturados y asesinados igual que las víctimas de La Sonora.

Propiedad de Henry Loaiza Ceballos "El Alacrán", ubicada en el occidente de Trujillo, cerca del río Cauca. Fue el segundo y principal centro de exterminio, elegido por su cercanía al río para facilitar la eliminación de cuerpos. En una ramada cercana al río se instaló una "mesa de suplicios". Aquí fueron torturados y asesinados Juan Giraldo y acompañantes (8 de abril), el padre Tiberio y sus tres acompañantes (17 de abril de 1990), y finalmente el testigo Daniel Arcila Cardona (5 de mayo de 1991). Una grabación clandestina —hecha antes de que su autor también fuera asesinado— registró los últimos suplicios de Arcila.

El padre Tiberio era arcipreste de la región y motor de la organización campesina: desde su parroquia impulsó cooperativas, talleres de ebanistería y liderazgo comunitario. El 16 de abril viajó a Tuluá a oficiar las honras fúnebres de su amigo Abundio Espinosa, asesinado ese mismo día. De regreso, el 17 de abril, fue interceptado junto a su sobrina Ana Isabel Giraldo (18 años), José Norbey Galeano y Óscar Pulido Rozo. Los cuatro fueron conducidos a la Hacienda Villa Paola, donde el padre fue obligado a presenciar el sufrimiento de cada acompañante antes de ser castrado y descuartizado. Su cadáver fue rescatado del río Cauca en la Inspección de Policía El Hobo (Roldanillo), identificado por un platino en su pierna. El campesino que lo rescató fue asesinado después. El padre Tiberio se convirtió en símbolo de toda la masacre.

El río Cauca fue usado de manera sistemática para deshacerse de los cadáveres. Los victimarios evisceraban los cuerpos para que no flotaran y los descuartizaban para impedir su identificación. Aun así, los cuerpos aparecían en las orillas, denunciando en silencio el horror. El campesino que rescató el cadáver del padre Tiberio pagó ese acto de humanidad con su propia vida. Entre 1990 y 1999 el Instituto Nacional de Medicina Legal practicó 547 necropsias a cadáveres recuperados del Cauca entre Jamundí y Aguadas (Caldas). De los 28 desaparecidos en los hechos centrales de 1990, solo 4 cuerpos fueron recuperados.

Juan Giraldo Molina, dirigente político local, fue señalado durante las torturas de los ebanistas como colaborador de la guerrilla. El 8 de abril fue retenido en zona rural junto a su sobrino Freddy Rodríguez Giraldo y el mecánico Danilo García. Sus cadáveres fueron rescatados del río Cauca los días 10 y 11 de abril, con mutilaciones y señales de tortura. Era uno de los pocos personajes con visibilidad pública cuya muerte llamó la atención más allá de Trujillo. Sus restos y los del padre Tiberio son dos de los solo cuatro cuerpos recuperados de los 28 desaparecidos en los hechos centrales.

Una multitudinaria marcha campesina recorrió Trujillo. Los organismos de inteligencia la encuadraron como actividad subversiva (parte del "Plan Pesca" y el "Plan Democracia"). Esther Cayapú Trochez —enfermera de La Sonora, asesinada al año siguiente— se enfrentó a un agente que golpeaba brutalmente a su hijo. El comandante del ejército, al recibir a las líderes de la marcha en el concejo municipal, insultó a una maestra con comentarios sexuales degradantes. Los participantes quedaron marcados como "auxiliadores del ELN" y fueron convertidos en blancos de la masacre.

Daniel Arcila Cardona fue el informante del ejército que señaló a varios pobladores como guerrilleros, siendo testigo presencial de las torturas de La Sonora y de los ebanistas. Luego se convirtió en el testigo de excepción cuyas declaraciones ante la CISVT permitieron esclarecer los crímenes y lograr el primer reconocimiento de responsabilidad del Estado. Los victimarios intentaron desacreditarlo atacando su salud mental y la de su familia. El 5 de mayo de 1991, al regresar al casco urbano de Trujillo con Mauricio Castañeda, ambos fueron retenidos en la plaza principal y llevados a Villa Paola, donde fueron torturados y descuartizados vivos.

Nació tras la publicación del Informe Final de la CISVT (1995), cuando las familias comenzaron a organizarse para exigir verdad, justicia y reparación. AFAVIT documentó 342 víctimas —el Estado reconocía inicialmente solo 34— y solicitó la creación del Comité de Evaluación de Casos de Trujillo. Ha liderado las peregrinaciones anuales al Parque Monumento, el acompañamiento psicosocial de las familias y el proceso ante la CIDH. Reconoce también como víctimas a quienes murieron de "pena moral": el dolor que mató a los que sobrevivieron. Sus integrantes han enfrentado amenazas constantes por su trabajo de memoria.

Construido como medida de reparación simbólica ordenada por el Estado colombiano, impulsada por AFAVIT y la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz. Alberga 235 osarios con los restos de víctimas identificadas, cada uno con el nombre e historia de una persona. El conjunto está dispuesto como un vía crucis, recuperando el imaginario religioso que rodea la figura del padre Tiberio Fernández. Es escenario de peregrinaciones anuales a las que asisten organizaciones de derechos humanos de Colombia y el exterior. El Grupo de Memoria Histórica lo describió como "una cosmogonía del sufrimiento y un panteón a sus aliados nacionales e internacionales en la resistencia".

En 1995, como resultado del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano creó la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT). Fue un hito histórico: por primera vez el Estado colombiano aceptó formalmente su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos con participación de agentes estatales. Sin embargo, el Estado solo reconoció 34 víctimas (los hechos de marzo–abril de 1990), mientras que las familias reclamaban más de 300. La discrepancia entre la memoria de las víctimas y el reconocimiento estatal es, según el GMH, una forma continua de violencia institucional.

Municipio colindante con Trujillo y parte del triángulo geográfico de la masacre. En el corregimiento de Salónica (Riofrío), 20 de las 245 víctimas documentadas fueron asesinadas o desaparecidas. La Hacienda Las Violetas, principal centro de tortura, estaba ubicada en la vía entre Andinápolis (Trujillo) y Salónica (Riofrío). El cadáver del padre Tiberio fue rescatado en el municipio de Roldanillo, aguas abajo del Cauca. El 30 de marzo, Jaime Alonso Ocampo fue asesinado en la vereda Puente Fenicia (Riofrío), zona de influencia del narcotraficante Diego Montoya.

Tercer municipio del triángulo geográfico de la masacre, reconocido oficialmente por la CISVT. En el corregimiento de Naranjal (Bolívar), 15 de las 245 víctimas documentadas sufrieron crímenes de lesa humanidad. Las familias de Bolívar integran AFAVIT y participan en las peregrinaciones anuales al Parque Monumento. La violencia en Bolívar respondía al mismo designio criminal: control territorial de la alianza entre narcotráfico y fuerzas del Estado.

En la inspección El Hobo, municipio de Roldanillo, fue recuperado del río Cauca el cuerpo mutilado del padre Tiberio Fernández Mafla. Sus restos pudieron ser identificados gracias a un platino en una de sus piernas. El hallazgo confirmó las denuncias sobre las torturas y el uso sistemático del río Cauca como mecanismo de desaparición y ocultamiento de evidencias.

El Cañón de Garrapatas conecta el norte del Valle del Cauca con Chocó y el Pacífico. Históricamente ha sido un corredor estratégico para guerrillas, narcotráfico y grupos armados ilegales. La disputa por este territorio explica gran parte de la violencia que rodeó la masacre de Trujillo y que continúa hasta hoy.

El Batallón Palacé de Buga fue una de las estructuras militares vinculadas con los hechos de la masacre. Desde allí se coordinaban operaciones contrainsurgentes contra el ELN. El mayor Alirio Urueña, uno de los principales responsables señalados por las víctimas y organismos de derechos humanos, hacía parte de esta unidad militar.

Varias víctimas desaparecidas fueron trasladadas inicialmente a instalaciones policiales en Tuluá antes de ser llevadas a centros clandestinos de tortura. El municipio también fue escenario del asesinato de Abundio Espinosa, amigo cercano del padre Tiberio, hecho que antecedió directamente a su secuestro y asesinato.

El Instituto Mayor Campesino de Buga fue un espacio clave en la formación social y comunitaria del padre Tiberio Fernández Mafla. Allí fortaleció su visión sobre cooperativismo, organización campesina y economía solidaria, ideas que luego impulsaría en Trujillo mediante cooperativas y empresas comunitarias.

El corregimiento de Venecia y la vereda El Edén siguen siendo escenarios de presencia armada y disputas territoriales décadas después de la masacre original. La persistencia del conflicto muestra cómo las dinámicas de violencia que afectaron a Trujillo no desaparecieron completamente.

En Bogotá se realizaron los principales actos institucionales de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por la masacre de Trujillo. En 1995 el gobierno aceptó parcialmente su responsabilidad, y años después amplió el reconocimiento a nuevas víctimas.

El Dovio fue el municipio de origen de Iván Urdinola Grajales, uno de los fundadores del Cartel del Norte del Valle y uno de los narcotraficantes relacionados con la masacre. Su estructura criminal consolidó el dominio del narcotráfico sobre el corredor del Cañón de Garrapatas.

En Zarzal fue capturado Iván Urdinola en 1992 durante un operativo policial. Fue uno de los primeros grandes narcotraficantes relacionados con la masacre que enfrentó procesos judiciales, aunque años después moriría en prisión en circunstancias controvertidas.

En esta vereda rural nació el padre Tiberio Fernández Mafla el 9 de abril de 1943. Décadas después se convertiría en líder comunitario, defensor de los campesinos y símbolo central de la memoria de la masacre de Trujillo.